La Comisión Europea (CE) ha decidido hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Motivo? Incumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Se trata de la Directiva 91/271/CEE del Consejo. Su objeto es proteger el medioambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas procedentes de los sectores doméstico e industrial. Conforme a esta normativa, las ciudades están obligadas a disponer de las infraestructuras que sean necesarias para recoger y tratar sus aguas residuales urbanas.

La Comisión Europea (CE) detectó un incumplimiento de esta obligación en 133 aglomeraciones españolas. Por ello, envió una carta de emplazamiento a España en diciembre de 2016. Y con posterioridad, un dictamen motivado en febrero de 2020. En ambos exigía al gobierno español dar pleno cumplimiento a la mencionada Directiva. Si bien la CE reconoce ciertos progresos, sigue teniendo que velar por la existencia de sistemas colectores en las aglomeraciones y por que, cuando esté justificado el uso de sistemas individuales u otros sistemas adecuados, alcancen el mismo nivel de protección medioambiental.

España también debe garantizar que las aguas residuales recogidas reciban un tratamiento suficiente para alcanzar los niveles pertinentes en la materia. Aunque ello signifique realizar inversiones en la construcción de nuevas infraestructuras o en la mejora de instalaciones de tratamiento ya existentes.

La Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas

Conforme a esta Directiva, los países de la UE deben establecer un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de 2 000 equivalentes habitante. Y además, un tratamiento más avanzado en las aglomeraciones urbanas de más de 10 000 equivalentes habitante en zonas sensibles designadas. El tratamiento secundario complementa la eliminación de materia sólida procedente de aguas residuales urbanas con la descomposición de las sustancias orgánicas mediante bacterias. A veces se requiere un tratamiento adicional para proteger los medios acuáticos sensibles. El tratamiento más estricto puede consistir en la desinfección del efluente sometido a tratamiento para proteger las aguas de baño o las aguas para cría de moluscos. También puede consistir en la eliminación de fósforo o nitratos para proteger las aguas que se hallen amenazadas por la eutrofización.

En lo que respecta a España, la Comisión ha incoado varios procedimientos de infracción por la falta de recogida y tratamiento de aguas residuales en un gran número de aglomeraciones. Esto ha conducido a dos sentencias del Tribunal con arreglo al artículo 258 y a una tercera con arreglo al artículo 260 contra España.