América Latina está lejos de gestionar de forma adecuada los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Según un estudio copatrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR), solo el 2,7% de los residuos electrónicos de la región se recogen a través de conductos formales y se tratan de manera respetuosa con el medioambiente.

El estudio Monitoreo regional de los residuos electrónicos abarca la gestión de RAEE en 13 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

Principales conclusiones

Según el estudio, en 2019, los 13 países analizados generaron 1,3 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), es decir, 6,7 kg/hab. La cifra en 2010 fue de 900.000 toneladas, lo que corresponde a 4,7 kg/hab.

La mayor cantidad de residuos electrónicos generados por habitante se registró en Costa Rica (13,2 kg/hab.) y la menor en Nicaragua (2,5 kg/hab.).

Asimismo concluye el estudio que entre 2010 y 2019 el volumen de RAEE generados aumentó un 49% en los 13 países de América Latina analizados, cifra muy similar a la media mundial. No obstante, en la región solo se recogió y gestionó formalmente el 2,7% de esos materiales, porcentaje muy alejado del 17,4% que es el valor promedio mundial.

También subraya que, pese a que los recicladores informales «seleccionan» algunos elementos valiosos de este tipo de residuos, la mayor parte de ese 97% restante se gestiona de forma inadecuada.

Oportunidad económica

Los autores del estudio subrayan que la gestión de los residuos electrónicos podría representar una oportunidad económica, ya que los residuos electrónicos generados en 2019 contenían 7 t de oro, 0,31 t de tierras raras, 591 kt de hierro, 54 kt de cobre y 91 kt de aluminio. Esto representa un valor total de aproximadamente 1700 millones USD de materias primas secundarias.

Más del 97% de los residuos electrónicos de la región no se recogen ni se envían a instalaciones específicas para someterlos a una gestión adecuada. Al contrario, la mayoría de los RAEE acaban en los vertederos, y el sector informal recoge algunas partes valiosas que contienen.

También se señala en el informe que las sustancias peligrosas presentes en los residuos electrónicos —que incluyen al menos 2,2 t de mercurio, 0,6 t de cadmio, 4,4 kt de plomo, 4 kt de retardantes de llama bromados y 5,6 Mt de equivalentes de gases de efecto invernadero (debidos a los refrigerantes)— se gestionan mal en la región y es probable que no se traten, generando riesgos para la salud y el medioambiente.

Necesidad de una legislación específica

Los trece países de la región cuentan con marcos legales y normativos para la gestión de residuos. No obstante, según el estudio, la mayoría carecen de legislaciones específicas en materia de residuos electrónicos y de sistemas de responsabilidad extendida del productor (REP) para estos residuos.

Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú son los países que cuentan con legislaciones específicas en la materia y con sistemas de REP enfocados en la regulación de residuos eléctricos y electrónicos. Por su parte, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela carecen de sistemas de REP y de objetivos definidos en cuanto a la recogida de residuos electrónicos.

El estudio pide a todos los países la introducción y aplicación de un marco jurídico y político centrado en la gestión ambientalmente racional de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de los contaminantes orgánicos que contienen. Y que supervisen y refuercen los sistemas existentes para hacerlos más eficientes y eficaces.