En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Tras el análisis, recomienda realizar mejoras en algunos aspectos, como la potencial declaración de servicio público, el régimen jurídico que pone fin a la condición de residuo, la definición del ámbito objetivo del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables o la exigencia de fianza o autorización para determinadas actividades.

El regulador de la competencia ha analizado el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. La norma transpone normativa de la UE en la materia si bien también introduce modificaciones a iniciativa propia. 

Elementos positivos

Entre los aspectos que ha valorado  positivamente destacan la fijación de objetivos de reducción concretos y cuantificables; la inclusión en el texto del silencio administrativo con efecto estimatorio en la notificación de traslados de residuos en el interior del Estado y ciertas medidas de salvaguarda frente a conductas anticompetitivas.

Asimismo, ha considerado positivo la validez en todo el territorio nacional de la autorización de actividad otorgada por cada Comunidad Autónoma, la aclaración de que el otorgamiento de dicha autorización no puede sujetarse a contar con instalaciones en el territorio de dicha Comunidad o el establecimiento expreso de un límite máximo de tiempo para los plazos de resolución de las solicitudes de autorización.

Mejoras recomendadas

No obstante, en el texto del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, la CNMC ha encontrado ciertos aspectos susceptibles de mejora.

Entre ellos, la propia definición de los criterios que los residuos deben cumplir para dejar de serlo como el hecho de que exista un mercado o demanda para esas sustancias u objetos.

La CNMC considera que esta condición, recogida de forma literal en la Directiva 2008/98, debería compatibilizarse con la recogida en la Directiva 123/2006/CE de servicios y su normativa de transposición en España.

También recomienda un «análisis riguroso» de las necesidades de la red y que se ofrezca siempre que sea posible la vía de la participación del sector privado para complementar la red de instalaciones públicas, para evitar una posible falta de capacidad y favorecer los intercambios comerciales entre Estados miembros de la UE.

Al mismo tiempo señala que la posibilidad de declaración de servicio público implica que el acceso al mercado de los operadores interesados en prestar el servicio se vea restringido o directamente imposibilitado. De modo que recomienda «sea matizada con justificaciones adicionales, sobre todo si aquella se realiza con visos de exclusividad».

Respecto a la donación de alimentos, la CNMC indica que para no favorecer a unos operadores frente a otros, sería recomendable establecer un porcentaje objetivo de reducción de residuos alimentarios y que cada operador elija a posteriori las opciones que mejor se ajusten a sus intereses.

Considera, además, que se debería concretar la responsabilidad por los costes relacionados con la conservación o mantenimiento del producto hasta que se produzca su donación efectiva.

Asimismo, considera «conveniente» que se estableciera a nivel estatal la exigencia o no de seguro, así como los riesgos mínimos a que el mismo debe hacer frente. También aconseja analizar la posibilidad de constituir una única garantía o, en su caso, justificar la necesidad de constituir ambas.

También recomienda justificar debidamente la exigencia de autorización tanto para la operación de recogida de residuos como para el inicio de actividad en el caso de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, atendiendo a los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión.

Respecto a la responsabilidad ampliada del productor, la CNMC indica que el productor puede ver ampliada su responsabilidad con funciones que en algunos casos presentan un alto grado de imprecisión y, en ocasiones, puede manejar información potencialmente sensible. Por ello, recomienda «definir claramente dichas funciones así como incluir la necesidad de cumplir la normativa de competencia».

En relación con el nuevo impuesto sobre envases de plástico no reutilizablesla definición del ámbito objetivo, la CNMC  recomienda mejorar la definición para que «de forma explícita se aclare si incluye o no un residuo altamente contaminante y que supone un porcentaje muy alto del total de residuos generados como son las bolsas de plástico, en aras de la seguridad jurídica de todos los interesados».

Sobre la contratación pública considera que al amparo del anteproyecto de ley para recurrir a la tramitación de emergencia en ciertos expedientes de contratación pública «incluye supuestos que exceden los que de modo tasado contempla el artículo 120 de la LCSP». Por tanto considera «necesario» realizar un interpretación restrictiva de la posibilidad de su utilización, lo que llevaría a una remisión expresa y literal a los supuestos habilitantes recogidos en la normativa de contratación pública.

Finalmente, señala que en el texto se hace referencia a la posibilidad de implantar medidas de fomento para el logro de diversos intereses. En todos los casos, la CNMC recuerda «la importancia de determinar, en el momento oportuno, si alguno o todos los supuestos contemplados deben presentar una adecuación a la normativa de ayudas de Estado».

Economía circular

La CNMC subraya que toda regulación de residuos debe estar encaminada a promover ciertos intereses generales, en concreto la salud humana y la protección del medioambiente, y para ello, «debe buscar la utilización eficiente y racional de los recursos naturales y promover los principios de la economía circular«.

En este sentido admite que la protección de estos intereses puede motivar la introducción de determinadas restricciones a la competencia. Sin embargo, la conciliación entre dicha protección y una regulación favorecedora de la competencia obliga a justificarlas. Primero, atendiendo a la necesidad de la protección de dichos intereses y, si ésta estuviera justificada, a la proporcionalidad respecto al efecto que persiguen.

Para más información, puede consultar el informe completo aquí.